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Riesgos de Trabajo: La nueva ley genera dudas y críticas

Según el abogado César Blasco, en los foros de discusión son más las dudas y críticas que las manifestaciones laudatorias por el dictado de la ley. 

A seis meses de la promulgación de la ley 26.773, corresponde realizar una primaria evaluación sobre su resultado, por lo menos en el ámbito académico y doctrinario, ya que no se conocen pronunciamientos judiciales sobre las innovaciones que se introdujeron con su dictado, salvo casos aislados que resolvieron la aplicación inmediata de las mejoras prestacionales a eventos ocurridos con anterioridad.

Vale recordar los aspectos esenciales que fueron modificados o legislados en la nueva ley, complementaria del sistema creado por la ley 24.557 y sus normas reglamentarias.

1) el fin de la doble vía que fuera habilitada por la jurisprudencia

2) el pago único

3) el establecimiento de un nueva prestación dineraria adicional

4) la actualización semestral de la prestación dineraria por incapacidad laboral permanente

5) una mayor rapidez para el pago en sede administrativa

6) la limitación de los gastos y comisiones de las ART

7) la modificación de la base imponible sobre la cual se aplicará la alícuota

8) el desplazamiento de la competencia de las acciones civiles hacia los jueces civiles

9) un régimen de honorarios de abogados específico

Podemos agrupar las reformas en aquellas de carácter sustancial, que hacen a los alcances de las prestaciones del sistema, -sea en su cálculo, modo y plazo de pago y actualizaciones- y otras de carácter instrumental o procesal, tales como el procedimiento a seguir para que el trabajador pueda litigar, efectúe la opción de la norma en que fundará su reclamo, el régimen de honorarios de los abogados y la competencia judicial.

SE CUESTIONA. En los foros de discusión observamos que son más las dudas y críticas que las manifestaciones laudatorias por el dictado de la ley.

Así se cuestiona:

•        la constitucionalidad de la "opción excluyente", por la que el trabajador deberá optar por uno u otro sistema reparatorio. La opción "excluyente" no es novedosa en la normativa de Riesgos del Trabajo ya que se encuentra en la antigua ley 9.688. La diferencia es que aquí se extiende la interpretación que el trabajador ha realizado la "opción" mediante actos y no es necesaria una manifestación expresa en tal sentido.  Por otra parte tal "opción", según algunos juristas, resulta contradictoria con la jurisprudencia elaborada por la Corte Suprema, a través de un conjunto de fallos, siendo los más relevantes "Aquino", "Díaz c/ Vaspia" , "Llosco" y "Arostegui"-  

•        la continuidad de las comisiones médicas, en donde se tramitan procesos de determinación de incapacidad sin asistencia jurídica para el trabajador, a pesar de los innumerables fallos que cuestionaron su constitucionalidad.

•        el mantenimiento del listado cerrado de enfermedades laborales, cuando los fallos actuales han ampliado los dolencias a indemnizar dentro del sistema, también en sentido contrario a los criterios mayoritarios en los diversas jurisdicciones del país.

Respecto de las cuestiones procesales se destaca que la competencia del fuero civil resultaría contraria al principio del "juez natural", resaltando, además, que sólo es aplicable al ámbito de la justicia nacional, ya que resulta materia no delegada por las provincias.

Por otra parte, el desdoblamiento de la competencia entre los fueros laborales y civiles no resulta una novedad legislativa, pues rigió durante la vigencia de la ley 24.028, no produciendo disminución alguna en la litigiosidad ni en el valor de las condenas, como se especula entre quienes adscriben a la eficacia de esta reforma.

Igual crítica recibe las limitaciones al régimen de honorarios de los abogados y las bases de cálculo que intenta imponer, pues las leyes arancelarias son locales, amén que han sido cuestionadas en su constitucionalidad por el Colegio Público de Abogados de la Capital Federal.

También se resaltan las omisiones de la reforma:

1) La falta de modificación del sistema de cálculo del IBM, pués utilizar el promedio anual de remuneraciones anteriores al accidente o primera manifestación invalidante puede desnaturalizar el valor de las prestaciones dinerarias en siniestros de prolongada duración y un contexto inflacionario. Dicha circunstancia ya ha sido prevista y sobre ella se han expedido diversos tribunales en el sentido de declarar su inconstitucionalidad (Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, Sala II ~ 2011-05-03 ~ González, Cristian Omar c. A.R.T. Interacción S.A.; Sala X ~ 2011-12-20 ~"Vizcarra Raúl C/ Mapfre Argentina Art S.A. Y Otro S/ Acción De Amparo", entre otros).

2) La ausencia de asistencia letrada para el trabajador en el procedimiento administrativo.

3) La insuficiencia regulatoria respecto de la obligación de expedirse por parte de la ART, como requisito previo para la acción judicial, ya que no establece las consecuencias frente a la falta de comunicación o a las divergencias sobre su procedencia.

4) La falta de definición sobre las cuestiones de prevención y sus alcances respecto de las ART, criterio que hoy es cuestión de debate en cada decisión judicial, creando un variopinto cuadro de extensión de responsabilidad por este concepto, desde criterios restrictivos hasta los más latos.

FALLOS. Los primeros pronunciamientos judiciales que se conocen sobre la ley 26.773, no resultan halagüeños. Los escasos fallos que se conocen resuelven la aplicación inmediata de las mejoras en las prestaciones, contrariando la propia norma en lo que hace su aplicación temporal.

En "Martín, Pablo Darío c/ MAPFRE ART S.A. - Ordinario - Accidente (ley de riesgos)" (Cámara del Trabajo de Córdoba, Sala X, 21/12/2012, elDial.com - AA7D43) el tribunal sostuvo que "De todas maneras si no se interpretara como lo sostiene el Camarista mendocino y comparte el suscripto, a la disposición del art. 17 inc. 6, sería obligación del Juzgador a tenor del precedente "Ascua" ya referenciado declarar la inconstitucionalidad de oficio de dicha norma por su clara y evidente discriminación hacia los trabajadores que sufrieron siniestros anteriores, con relación a aquellos que tuvieron como fecha de daño un momento ulterior". He aquí la primera "amenaza" de declaración de inconstitucionalidad de la ley 26.773.

De lo reseñado podemos afirmar que la ley 26.773, en esta etapa de debate doctrinario y sin ninguna resolución de tribunales superiores sobre las cuestiones sustanciales que introdujo al sistema de Riesgos del Trabajo, lejos se encuentra de acallar las polémicas.

Desde esta perspectiva, las ART deberán extremar sus esfuerzos en mejorar la calidad de sus prestaciones, tanto en especie como dinerarias, en pos de minimizar la litigiosidad, con un fuerte énfasis en el aspecto prevencional.

Y los diversos actores del sistema deberían continuar elaborando propuestas para establecer un nuevo régimen de riesgos laborales, en armonía con los sistemas de salud y previsión social y consonante con las trascendentales reformas que se debaten sobre la legislación de fondo (nuevo Código Civil y Comercial unificado).

Escribe César J. Blasco
El autor es abogado, socio del estudio BRYA Abogados SC.
Publicado el 9/5/2013 en la Revista Estrategas


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